Derechos laborales

Resulta difícil hablar de derechos laborales, huelgas, descanso dominical, vacaciones, después del panorama laboral que tiene México. El que yo presenté hace un momento es en realidad un mapa muy pequeño, casi con lupa, en su mayor parte urbano y sobre todo centrado en lo que vivo en la Ciudad de México (donde vive un cuarto de la población del país, eso sí). A veces se me olvida que estoy en una república con más de cien millones de personas y un territorio tan grande que se hace imposible hablar de una sola realidad. Son muchos países dentro de uno solo, muchas realidades superpuestas. Casi habría que hablar de una situación para cada sector de la economía o cada región.

En México los sindicatos son legales (lo digo porque hay muchos países donde no lo son, no es algo que haya que dar por hecho). Como casi todo lo que tiene que ver con la organización de la República, el sistema sindical es posterior a la Revolución. En los años 40 los trabajadores comenzaron a organizarse, pero muy pronto el sistema quedó controlado por el todopoderoso, el Partido Revolucionario Institucional, que controló la vida del país durante 70 años. El PRI copió a Franco y a Mussolini en su manera de controlar a la población. Creó un sistema sindical vertical. Cada rama industrial tenía su sindicato, cada pequeña fábrica tenía su comité oficial, pero todos pertenecían o dependían de las grandes confederaciones. De los sindicatos más poderosos puedo nombrar el de PEMEX (la empresa petrolera, propiedad del Estado, de su líder histórico, al que llamaban La Quina, cuentan historias como que el buen señor llegaba al estadio de fútbol de su ciudad en el partido dominical y desde el palco, sus colaboradores cercanos se dedicaban a tirar billetes de curso legal a los desgraciados espectadores del partido), por motivos obvios (es la principal industria del país, es natural que su sindicato sea el más poderoso). El de telefonistas (que después de muchos avatares que no cabe contar aquí se mantuvo independiente y creó su propia central sindical, con un pie en el verticalismo y otro en la independencia, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT), hay otros no tan fuertes pero también sonoros, como el de maestros, pero sobre todo, destacan dos confederaciones todopoderosas: La CROC y la CTM (a la manera, si me vale la comparación que creo que más bien no, de CCOO y UGT en España). De ser representantes de los trabajadores se convirtieron, por este sistema, en controladoras de los trabajadores. En brazos ejecutores del PRI.

La legislación laboral en México tiene muchos puntos oscuros. Uno, que las empresas pueden firmar contratos colectivos con los sindicatos incluso si todavía ni siquiera tienen trabajadores contratados. Esto se da en muchas industrias. Una empresa decide establecerse en México, así que firma con la CTM, por ejemplo, el contrato laboral (donde normalmente lo que se establecen son los mínimos legales). Pero es un contrato que, entre otras cosas, no tiene por qué ser público. Es decir, cuando la empresa contrata a un trabajador éste, sin saberlo muy bien, es afiliado directamente a ese sindicato y de su salario le está pagando una cuota cada mes, pero si reclama y pide el contrato colectivo de la empresa, se le comunica que lamentablemente no tiene derecho a conocerlo. No es público. Y no tiene manera de que la situación cambie. Así que si un trabajador quiere promover una huelga, sólo puede hacerlo a través del sindicato oficial, que por lo general está más de parte del patrón que del obrero, y que además utiliza las huelgas para presionar al patrón al más puro estilo siciliano.

A partir de aquí todo es una espiral de despropósitos. Este trabajador que un día descubre que está afiliado a un sindicato del que ni siquiera conoce al representante en su empresa (porque en muchos casos, ni existe) decide, junto con otros compañeros, que hay una situación de injusticia en su trabajo y que quieren organizarse para realmente crear un comité de representación que negocie con el patrón. ¿A dónde acude?

En México no hay una rama judicial para los problemas laborales. La manera legal de arreglar estos conflictos es a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que son locales. En estas juntas participan un representante de la empresa, un representante del Estado y un representante del trabajador, es decir, del sindicato oficial. Creo que es claro el resultado si un grupo de trabajadores acude a la junta a pedir un cambio en la representación de los trabajadores en la empresa. Lo único que pueden hacer los trabajadores inconformes es solicitar a la junta el registro como sindicato independiente y más tarde, reclamar el cambio de titularidad en el contrato colectivo para poder reclamar lo que no se les está dando. Los casos de éxito son prácticamente nulos. Normalmente estas juntas ahogan con la burocracia a los demandantes. Incluso se han dado casos, en Tijuana y toda Baja California, de trabajadores de empresas maquiladoras que, en lo que ganaban el registro como independientes, la empresa cerró, despidió a todos, y se instaló en otro lugar. Al final, los obreros consiguieron crear un sindicato, un sindicato sin empresa, un sindicato de desempleados.

La situación es muy difícil, en especial en algunos sectores. Recientemente conocí el de la industria maquiladora, que son las empresas que cosen ropas o ensamblan partes de coches para marcas estadounidenses principalmente (esas fábricas donde cosen los pantalones Levi’s, por ejemplo). Están sobre todo repartidas por el Norte del país. En 1994 entró en vigor en México un tratado de libre comercio con EE UU y Canadá y esto aceleró la instalación de maquiladoras, porque eran empresas que llegaban y nada más necesitaban traer sus máquinas. Los gobiernos estatales pagaban las instalaciones y gracias a este acuerdo comercial, estaban exentas de pagar impuestos. Y los trabajadores estaban controlados por los sindicatos con los que firmaban el contrato laboral. La mano de obra era infinitamente más barata que en EE UU, primero porque México estaba viviendo una crisis económica que devaluó la moneda de una forma estrepitosa (algo parecido al reciente corralito argentino) y por otro lado, porque las empresas, aunque legalmente sí tenían que hacerlo, podían escapar todo el gasto social por trabajador que en EE UU es ineludible.

Todos hemos escuchado las historias de abusos contra los obreros, y particularmente contra las obreras de este tipo de industria. Ocurre en Asia, ocurre en Marruecos, pero también ocurre en México. Los abusos son constantes. Eso por no hablar de los feminicidios, los asesinatos sin resolver de mujeres en toda la zona fronteriza que ahora se empieza a conocer en España gracias al ruido que está haciendo Cristina del Valle y sus amigas intelectuales progres.

De nuevo, son mapas que se superponen. Las pésimas condiciones laborales que viven los trabajadores de esta industria, todo el debate sobre si un país puede basar su modelo de desarrollo en ensamblar mecánicamente a las empresas de otro condenando casi a la esclavitud a sus ciudadanos, la crisis incluso que está viviendo la maquila porque, paradójicamente, México comienza a resultar caro para Levi’s y compañía (es más barato producir en China o Centroamérica, donde la esclavitud es una práctica habitual y se ejerce sin tapujos y con el apoyo institucional), con lo que muchas marcas se están mudando. Y la representatividad laboral, basada en el verticalismo de Franco.

Pero lo peor es que estamos en campaña electoral y nadie está tratando el tema. Habrá elecciones presidenciales el próximo verano y ninguno de los candidatos tiene una propuesta. A ninguno de los candidatos le interesa la reforma laboral, al parecer, sea del tipo que sea. Pero todos hablan de creación de empleo y crecimiento. ¿Cómo le van a hacer? Esa es la eterna gran pregunta que nadie nunca parece querer responder.